El derecho a la energía a debate en la acampada de Oviedo: frente al oligopolio y la pobreza energética, soberanía comunitaria
Oviedo — En el marco de las actividades de la acampada por la vivienda en Oviedo, se ha llevado a cabo una charla formativa y de debate centrada en la pobreza energética, el impacto del oligopolio eléctrico y la urgente necesidad de avanzar hacia la soberanía energética y el derecho a la energía.
Un modelo concentrado y beneficios récord
Durante el encuentro se desgranó el funcionamiento del sistema eléctrico actual en el Estado español, caracterizado por la gran centralización de la producción eléctrica y la dominancia de un oligopolio donde operan corporaciones como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol. Se puso de relieve la presencia en su accionariado de grandes fondos internacionales de inversión (como BlackRock, Vanguard o Norges Bank) y estados extranjeros, mientras estas compañías registran beneficios netos anuales multimillonarios que superan con frecuencia los 10.000 y 12.000 millones de euros conjuntos.
En la charla se explicó cómo el sistema del mercado mayorista marginalista (pool) permite que la última tecnología en entrar para cubrir la demanda (habitualmente los ciclos combinados que funcionan a base de gas natural que es el precio más caro de producción) fije el precio de toda la electricidad subastada a esa hora. Esto provoca que energías con costes de producción significativamente inferiores (como la hidráulica, eólica o solar) se cobren al precio inflado del gas, generando elevados márgenes comerciales para las productoras que, al mismo tiempo, actúan simultáneamente como distribuidoras y comercializadoras, acumulando todo el poder de la gestión energética estatal.
La pobreza energética: impacto social, sesgo de género y vulnerabilidad severa
Uno de los bloques centrales de la sesión se dedicó al análisis detallado de la pobreza energética, entendida como la incapacidad de un hogar para alcanzar una cantidad adecuada de servicios energéticos debido a factores combinados como bajos ingresos familiares, elevados precios de la luz, viviendas poco eficientes e insuficiencias en el ámbito habitacional.
Durante la charla se detallaron los principales indicadores consensuados (ENPE / Observatorio Europeo), evidenciando la magnitud y severidad de esta problemática en el Estado español:
- Pobreza energética severa e intensa: se destacó que 3 de cada 4 hogares del panel sufren 1 o 2 indicadores de pobreza energética, mientras que 1 de cada 4 padece una situación extrema al estar afectado por 3 o 4 indicadores simultáneamente, lo que demuestra una afectación intensa y persistente en el tiempo. Asimismo, se alertó sobre la pobreza energética escondida o gasto insuficiente (indicador M/2), en la que los hogares caen en un autorracionamiento severo, reduciendo al mínimo el uso de luces, electrodomésticos o calefacción al no poder permitírselo.
- Principales afectaciones en los hogares:
- Frío en la vivienda durante el invierno, identificada como la problemática más recurrente y con mayor impacto directo en la salud habitacional (un 11% de los hogares, equivalentes a más de 5,1 millones de personas, se declara incapaz de mantener una temperatura adecuada).
- Gasto energético desproporcionado en relación con los ingresos familiares, afectando al 15% de los hogares (6,2 millones de personas), que destinan más del 10% de sus ingresos anuales a la factura de la luz o el gas.
- Retrasos en el pago de facturas de suministros básicos, sufridos por un 8% de la población (4,2 millones de personas) debido a falta inminente de liquidez.
- Factores que aumentan la probabilidad de vulnerabilidad:
- Mayor riesgo en hogares de gran tamaño (especialmente con presencia de menores) y en familias monoparentales (mayoritariamente monomarentales).
- Elevada incidencia en hogares dependientes de subsidios o prestaciones sociales y con bajos ingresos.
- Mayor probabilidad de vulnerabilidad en hogares de personas migrantes.
- La problemática es diferente en el ámbito rural debido a la la falta de infraestructura eléctrica adecuada.
- Situaciones socioeconómicas como la crisis de la vivienda.
- Actualidad geopolítica: conflictos en zonas geográficas clave como lo que sucedió en la Guerra de Ucrania por Rusia o lo que sucede en la actualidad en el estrecho de Ormuz.
Se enfatizóla dimensión de género y la feminización de la pobreza energética. Factores como la brecha salarial (que alcanza hasta un 30%), la segregación laboral en empleos de cuidados infraremunerados y la alta prevalencia de familias monomarentales hacen que la vulnerabilidad recaiga mayoritariamente sobre las mujeres. Esto se evidencia en que el 70% de las solicitudes de ayuda por pobreza energética son tramitadas por mujeres según el estudio de Enginyeria Sense Fronteres (ESF) Catalunya. Asimismo, se visibilizó la carga emocional y psicológica que sufren las familias afectadas, marcado por sentimientos de culpa, angustia por la deuda y la constante disyuntiva entre pagar el recibo de la luz o garantizar la alimentación básica del hogar o los medicamentos necesarios.
El debate conectó también la crisis energética doméstica con el extractivismo y colonialismo energético, denunciando cómo las multinacionales operan en países del Sur Global (como las prospecciones y explotaciones de Repsol en América Latina) externalizando pasivos ambientales y sociales en comunidades locales para capitalizar beneficios en mercados europeos.
Alternativas desde la soberanía y la lucha colectiva
Para revertir esta situación, se presentaron las propuestas de plataformas de lucha social como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Red Estatal por el Derecho a la Energía:
- Prohibición efectiva de los cortes de suministro a hogares vulnerabilizados y condonación de deudas acumuladas.
- Garantía de contadores sociales e itinerarios de regularización de suministros.
- Automatización total del Bono Social, eliminando trámites burocráticos y redefiniendo la figura de «cliente vulnerable» para evitar que entre un 60% y un 80% de familias potenciales queden excluidas.
- Planes públicos específicos de rehabilitación energética destinados con prioridad a viviendas de familias en situación de vulnerabilidad.
- Reconocimiento del Derecho a la Energía, tomando de referencia países (como Bolivia, Ecuador, Burkina Faso o Sudán del Sur) donde la energía no es una mercancía privada, sino un derecho humano fundamental.
Como conclusión, se hizo una llamada a la organización comunitaria, la remunicipalización de la gestión energética y el desarrollo de comunidades energéticas locales basadas en el autoconsumo colectivo y la gestión pública democrática, donde también acogen proyectos para combatir la pobreza energética de manera comunitaria y no asistencialista.
