XXII Delegación Asturiana alerta sobre la continuidad del conflicto en Colombia

• En marzo de 2026, nuestra compañera Lucía Aller, formó parte de la XXII Delegación asturiana para la verificación de derechos humanos en Colombia.
• A pesar de los históricos avances económicos y las reformas sociales del Gobierno del Cambio de Gustavo Petro, la dirigencia social, las comunidades indígenas y el campesinado enfrentan una letal oleada de violencia en las regiones periféricas.
• El Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia redobla su compromiso político y acoge a siete nuevos defensores bajo riesgo de asesinato.

Tras recorrer las zonas donde el conflicto asedia a toda la población, la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y la Paz ha presentado las conclusiones preliminares de su informe de verificación de 2026. El balance deja una radiografía paradójica: mientras el país andino experimenta un auge democrático e institucional sin precedentes, la violencia sociopolítica y los grupos armados amenazan el tejido asociativo de las comunidades y el desarrollo de la vida de sus gentes.

«Colombia se enfrenta a la posibilidad de retroceder a la grave situación de los derechos humanos experimentada antes de la firma del Acuerdo de Paz, en particular en los territorios.» — Informe del ACNUDH (Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos).

Éxito económico vs. degradación territorial

El informe destaca que las políticas redistributivas de la administración de Gustavo Petro han arrojado excelentes resultados: reducción de la pobreza monetaria, control de la inflación (que bajó del 16% al 5%) y la tasa de desempleo más baja en veinte años (8,8%). Asimismo, se han logrado cifras récord en la incautación de narcóticos a nivel global.

Sin embargo, esta bonanza contrasta críticamente con la fragmentación y expansión del conflicto armado interno. En departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta y Guaviare, la población civil se encuentra atrapada en medio de una guerra multidimensional por el control de la minería ilegal y los corredores de narcotráfico. Las disputas entre el ELN, las disidencias de las FARC (como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia) y estructuras paramilitares como el Clan del Golfo (EGC) han triplicado las afectaciones humanitarias respecto a años anteriores.

Crece el desplazamiento forzado:  el desplazamiento forzado y masivo creció un 85%  en relación con el 2024, al ritmo de la expansión y de la escalada del conflicto.El enfrentamiento por más de un año entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC ha ocasionado una crisis humanitaria en el Catatumbo y el desplazamiento forzado de casi cien mil personas en la frontera con Venezuela. También se registraron desplazamientos forzados en el Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá y el Sur de Bolívar.

Emergencia humanitaria: reclutamiento infantil y silencio coercitivo

La Delegación Asturiana recogió testimonios alarmantes que evidencian el quiebre del Derecho Internacional Humanitario en las zonas rurales:

• Aumento del reclutamiento forzado: grupos armados instrumentalizan la infancia indígena, afrodescendiente y campesina como estrategia de guerra y escudo humano, recurriendo a redes sociales como TikTok o Meta para captar a menores de entre 13 y 15 años.
• Escuelas bajo fuego: se denunció la ocupación militar de aulas, hostigamientos a centros escolares en pleno horario de clase y amenazas directas que obligaron al traslado de más de 110 docentes.
• Violencia de género: Persiste el uso de la violencia sexual como arma de guerra y los embarazos forzados mediante la prohibición de anticonceptivos en campamentos ilegales.
• Gobernanza armaba ilegal: las comunidades sufren confinamientos, extorsiones y masacres urbanas y rurales bajo regímenes del terror que imponen «la ley del silencio» para evitar denuncias.

Visita a las prisiones

Uno de los puntos más críticos documentados por la misión asturiana es la situación humanitaria dentro de las cárceles de Palmira y Cúcuta. Calificadas por los internos como «depósitos de personas», las penitenciarías operan bajo un estado de hacinamiento insalubre, falta crónica de asistencia sanitaria y desnutrición.

Se constató una sistemática criminalización de la protesta social, evidenciada en casos como el de Mauricio Tierradentro, joven recluso que lleva más de cuatro años privado de libertad sin juicio por participar en el estallido social de 2021. Además, se denunció la doble segregación que sufren las mujeres presas políticas, quienes sufren mayores restricciones de aislamiento y la separación forzosa de sus hijos al cumplir los tres años de edad.

Reforma agraria

La «Reforma Rural Integral» compromete un total de 10 millones de hectáreas para favorecer la titulación y explotación en enclaves golpeados críticamente por la violencia armada. Busca incentivar el tejido productivo, la infraestructura e involucrar a los municipios para superar la violencia estructural local.

Se reactivó la reforma agraria convencional dotando de tierras al campesinado mediante predios comprados directamente a propietarios, fincas extinguidas al narcotráfico, titulación de baldíos, creación de zonas de reserva campesina y zonas agroalimentarias.

La disponibilidad de 2,5 millones de hectáreas actúa como estímulo para campesinos sin tierra, control de la inflación, fuente de seguridad alimentaria y empleo. Esto se reforzó en 2025 con la compra de 445.770 hectáreas y la dotación de tierras a 72.786 familias (algunas con títulos provisionales en Antioquia, Cauca, Córdoba, Guaviare, Meta y Nariño).

La entrega de predios en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), incautados por enriquecimiento ilícito, refuerza el Estado de Derecho y combate la impunidad estructura.

Durante 2025, la Unidad de Restitución de Tierras logró avanzar en la ruta colectiva de restitución en 15 casos específicos.

Los procesos se ven frenados por nuevos despojos contra campesinos (revictimización) y por constantes agresiones y amenazas dirigidas a los funcionarios públicos encargados de la restitución material. Se destaca como un avance histórico la aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural, mecanismo clave diseñado para resolver jurídicamente estos litigios por tierras.

Siete defensores y defensoras acogidos por el PAV

Ante el alarmante incremento de la violencia letal contra las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente (con 187 líderes asesinados en el último año), el Gobierno del Principado de Asturias y colectivos solidarios como Soldepaz Pachakuti han redoblado sus esfuerzos.

Para este año 2026, el Programa Asturiano de Atención a Víctimas (PAV) ha brindado refugio político temporal a siete líderes y lideresas ambientales. A continuación se resumen sus perfiles:

1. Defensora de DDHH del MOVICE; sobreviviente de un atentado en su hogar tras liderar campañas contra el reclutamiento infantil.
2. Ambientalista y tallerista de literatura; perseguido y retenido ilegalmente por grupos insurgentes.
3. Secretario de salud comunitaria en Tuluá; hostigado por resistir la extorsión paramilitar.
4. Educadora antirracista; amenazada de muerte por la banda criminal ‘Los Salsas Mexicanos’ tras el asesinato de sus dos hijos.
5. Líder campesino declarado objetivo militar por las AGC debido a su férrea oposición a la minería de oro a cielo abierto.
6. Gestora de la Fundación Mayonano; desplazada por amenazas de la organización transnacional ‘Tren de Aragua’.
7. Lideresa juvenil ambientalista de ASIMTRACAMPIC; el vehículo blindado de protección en el que se transportaba sufrió un atentado con cinco impactos de bala en enero de 2026.

Recomendaciones urgentes de la Delegación

La Delegación Asturiana ha instado al Gobierno de Colombia a no centralizar los recursos de paz exclusivamente en zonas mediáticas como el Catatumbo y a desplegar una inversión social integral en las veredas más aisladas. Asimismo, exigen una reforma estructural e inmediata de la Fuerza Pública para sustituir definitivamente la doctrina militar del «enemigo interno» por un enfoque irrestricto de derechos humanos.

Por último, hacen un llamado a la Unión Europea y al Gobierno del Estado español para que dejen de catalogar a Colombia como un «país seguro» bajo meros cálculos migratorios egoístas, y refuercen la financiación internacional destinada a los programas de protección de defensores del territorio y a la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito.

Extrema derecha

Tras los resultados de los recientes elecciones en Colombia, la Delegación Asturiana emite un llamado urgente a la comunidad internacional. A pesar de la persistencia de un conflicto armado que continúa fragmentándose y golpeando los territorios , el gobierno presidido por Gustavo Petro ha logrado poner en marcha reformas estructurales e históricos mecanismos de equidad y redistribución de la tierra.

Sin embargo, este horizonte de transformación y dignidad para las comunidades más vulnerables se encuentra bajo amenaza inminente. El ascenso y fortalecimiento de los sectores de la extrema derecha —acompañado de una fuerte resistencia política y armada al cambio— pone en grave peligro la continuidad de estas políticas sociales y el marco de la justicia transicional en el país.

Es por ello que, ante el riesgo real de un retroceso hacia los escenarios de violencia más absolutos , la labor de verificación, monitoreo y acompañamiento solidario de esta delegación ciudadana se hace hoy más necesaria que nunca.

Para leer el informe completo o consultar los registros de medios de la XXII Delegación descarga aquí el documento: